LA DESTITUCIÓN DEL ALCALDE SALVADOR MUÑOZ PÉREZ

Tras el triunfo de la sublevación en Córdoba el coronel Cascajo nombró alcalde de la ciudad a Salvador Muñoz Pérez, quien se hizo cargo del Ayuntamiento inmediatamente de la ocupación de éste la madrugada del 19 de julio. Muñoz, que ya había sido alcalde en tiempos de la Monarquía, había participado activamente en la conspiración.

Salvador Muñoz y toda la Gestora fueron ratificados en sus cargos por el general Varela, en funciones de Gobernador Militar, consecuentemente al Bando dictado por éste de fecha 4 de septiembre de 1936 relativo a la ratificación de funcionarios. Fue destituido por orden del general Queipo de Llano de fecha 23-09-1936 y sustituido por el capitán de Infantería retirado Manuel Sarazá Murcia. La versión que se dio entonces es que esos puestos debían ser ocupados por militares. Pero, independientemente de la tendencia de los militares a controlar todos los resortes de mando, las verdaderas razones de esta destitución fueron otras.

En el “Diario de operaciones del general Varela 1936-1939” (Jesús N. Núñez Calvo, ed. Almena, Madrid 2004, p. 191) se recoge una visita de Salvador Muñoz Pérez al cuartel general de Varela el 23 de mayo de 1937, y en la nota 72 (p. 289) se explica que la destitución fue consecuencia de supuestas irregularidades en la administración de caudales públicos y que intentó recabar la ayuda del general Varela para acreditar su inocencia y denunciar la injusticia de su cese. La misma nota cita la existencia en el Archivo Capitán General José Enrique Varela Iglesias, de Cádiz, de un expediente que recoge la correspondencia entre Muñoz y Varela (sección “Expedientes personales”, tomo 148, expediente 19). Pero no sólo existe la correspondencia citada, sino un legajo calificado como “Confidencial” que contiene la copia de un “expediente instruido con motivo de la inversión de 15.000 pesetas del Ayuntamiento y 5.000 de la Diputación Provincial, en atenciones y servicios a las fuerzas militares y milicias auxiliares”.

La falta de fondos y de vías de financiación era uno de los problemas que tenían los sublevados en los primeros momentos, y no el menor de ellos, como puso de manifiesto Indalecio Prieto en un célebre discurso radiado en agosto de 1936: “Nosotros tenemos el oro”. En la zona rebelde se abrieron desde los primeros días suscripciones públicas a favor del Ejército. En Córdoba, en un principio la suscripción estaba controlada por el Ayuntamiento, si bien posteriormente pasó a manos de la Delegación de Hacienda.

El primer documento que se encuentra en el expediente es una copia de una información elevada al general Queipo de Llano, jefe de la 2ª División Orgánica, por Guillermo García Carrasco, comandante de Infantería retirado e instructor del procedimiento, que debió ser ordenado por Queipo a la vez que firmó la destitución. Esta información fue ordenada por el general para esclarecer los motivos por los que no fueron ingresadas en la suscripción abierta a favor del Ejército 50.000 pesetas donadas por el Ayuntamiento y 25.000 donadas por la Diputación. Ante todo el instructor comprobó que las cifras eran erróneas, el Ayuntamiento había librado15.000 pesetas y la Diputación 5.000, que entregó al Ayuntamiento. Sobre el motivo del no ingreso de las 20.000 pesetas García Carrasco transcribió una frase de la sesión municipal de 10-08-1936, en la que el Alcalde “indicó, cumpliendo así los deseos del Alto Mando Militar, la conveniencia de que la expresada suma quedase en poder de la Corporación Municipal sin efectuar su ingreso en la suscripción”. Interrogado sobre este particular, Muñoz Pérez manifestó que se hizo cargo de la suscripción por orden del general Orgaz, que estuvo en Córdoba el 31 de julio. Que al pasar el control a una nueva comisión presidida por el Delegado de Hacienda éste sostuvo un criterio restrictivo en cuanto al uso de los fondos, entendiendo que no debían servir para satisfacer los gastos de los obsequios y atenciones que Muñoz Pérez venía practicando con las fuerzas militares. Que se entrevistó con el general Varela quien le dijo que podía ordenar el alojamiento de las tropas pero que no le parecía bien imponer semejante carga a la población y que la Ciudad debía seguir costeando determinados gastos de las fuerzas, pero que se debía arbitrar un modo de no gravar las arcas municipales. A Muñoz se le ocurrió usar la cantidad aprobada para la suscripción, ya librada con cargo a imprevistos pero no ingresada en la repetida suscripción. El Ayuntamiento actuaría en paralelo, atendiendo a los gastos no aceptables para el Delegado de Hacienda. La idea le pareció bien al general Varela y el Alcalde la llevó a la Comisión Gestora en los términos vistos más arriba.

El instructor interrogó al Presidente de la Gestora de la Diputación Provincial, Eduardo Quero Goldoni, sobre el motivo de entregar al Ayuntamiento las 5.000 pesetas donadas como primera entrega a la suscripción. Quero manifestó que, como constaba en acta, se hizo así por haberlo solicitado el Alcalde con la venia del general Varela.

García Carrasco adjuntó en su información una copia de la cuenta rendida por el Depositario de los fondos municipales, Manuel Montijano Aroca, de las 20.000 pesetas en cuestión. La cuenta justifica las 20.000 pesetas con gastos por importe de 19.994,43 pesetas y un remanente de 5,57 pesetas. Se consiguió cuadrar la cuenta dando de baja una partida, la número 17 por importe de 240 pesetas, en concepto de pago de haberes a cuatro mecánicos que trabajaron con tractores en el arreglo del campo de aviación.

El instructor considerando “suficientemente aclarados los hechos origen de esta Información” elevó ésta a Queipo de Llano con fecha 28 de septiembre, no sin dejar de hacer constar la adhesión de Muñoz Pérez al Movimiento y a las Instituciones Militares a pesar de su cese.

En el legajo constan unas “Notas aclaratorias al expediente” sin fecha ni firma, pero en las que creemos ver la mano del propio Salvador Muñoz Pérez. Según estas notas García Carrasco se desplazó a Sevilla el 30 de septiembre de 1936 al objeto de hacer entrega de su informe a Queipo. Viajó en compañía de Eduardo Quero Goldoni, compañero de armas y viejo amigo de Queipo pero amigo también del destituido alcalde. La misma nota reconoce que Eduardo Quero informó posteriormente a Muñoz del contenido y alcance de la conversación, en la que quedó claramente de manifiesto que el objetivo de Queipo era desprestigiar y perjudicar al general Varela y al coronel Sáenz de Buruaga. Quero intercedió por el exalcalde exponiendo sus servicios a los sublevados, que comenzaron en marzo de 1936 cuando Muñoz empezó a participar en la conspiración. Queipo llamó a su presencia a un auditor, al que presionaba ostensiblemente para que reconociese malversación de fondos en los conceptos expuestos en la cuenta justificativa de gastos. Especial irritación le provocaban aquellos que afectaban más directamente al general Varela. Finalmente, el general dijo que mandaría a Córdoba un auditor para escudriñar todo y averiguar cuanto se había invertido en esas atenciones. Termina la primera parte de la nota aclaratoria exponiendo el malestar de Muñoz por haberle obligado el nuevo alcalde a devolver 1264 pesetas, importe satisfecho por el Ayuntamiento como pago de jornales para obras de adecuación de la residencia del general Varela en la casa nº 77 de la calle Realejo, propiedad de la condesa de Hornachuelos.

La nota continúa tratando de demostrar que el haber incurrido en aquellos gastos no constituía delito de malversación de fondos. De nuevo relata los hechos escudándose siempre en la aprobación obtenida del general Varela para no efectuar el ingreso en la suscripción. Sigue analizando los preceptos legales vigentes que podrían invocarse en el caso y hace el descargo en base a los siguientes puntos:

1. Las partidas de gasto están dentro de los acuerdos tomados por la Comisión Gestora, porque directa o indirectamente se relacionan con atenciones tenidas con las fuerzas militares, merecedoras de “las más delicadas atenciones y los homenages (sic) más rendidos”.
2. Aunque el Ayuntamiento, usando de sus facultades discrecionales, podía por sí solo tomar el acuerdo de no ingresar el importe aprobado en la suscripción se buscó y obtuvo la aprobación del Mando Militar “en consideración al estado de guerra en que la ciudad se encontraba”.
3. Con los gastos habidos no se había producido daño ni entorpecimiento para ningún servicio municipal por haberse dotado aquellos con cargo a “Imprevistos”. Tampoco se había producido daño en los fines de la suscripción, que en esos momentos alcanzaba un montante de más de un millón de pesetas. Esta cuestión del daño o entorpecimiento hubiese tenido una gran importancia a la hora de señalar pena en caso de culpabilidad, según lo dispuesto en el artículo 402 del Código Penal vigente.

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor de la nota –presumiblemente el mismo Salvador Muñoz- considera que no ha habido delito de malversación de fondos y sí una falsa información. Se queja de que se haya sancionado un supuesto delito –pues sanción era la destitución entendida como la suspensión con que castigaba el delito el citado artículo 402- antes de la formación, tramitación y elevación a causa del expediente. Continúa exponiendo que aunque no hubo delito el Alcalde había reintegrado las 20.000 pesetas por cuestiones de delicadeza y caballerosidad para evitar las inculpaciones que se habían insinuado en la conversación de Sevilla. Termina diciendo que ha transcurrido bastante tiempo (no dice cuanto) pero que no se ha resuelto nada sobre la Información practicada por el instructor, que no ha venido a Córdoba ningún auditor como amenazara Queipo y que se está a la espera del fallo definitivo para solicitar la devolución de las 20.000 pesetas reintegradas.

El legajo contiene también diversas cartas de Muñoz Pérez a Varela fechadas entre septiembre de 1936 y el mismo mes de 1937. En una de ellas le anuncia su viaje a Ávila en compañía del comandante de Aviación Carmelo de las Morenas y en varias le solicita algunas recomendaciones. En una carta fechada el 30 de mayo de 1937 hace comentarios negativos acerca del nombramiento como alcalde de Antonio Coello, a quien califica como excelente persona y un perfecto caballero pero desconocedor de los problemas municipales. Tampoco le parece bien el nombramiento como gestores de altos funcionarios municipales. Una pequeña indiscreción en carta fechada el 5 de marzo de 1937 nos permite conocer que simultáneamente a su destitución como gobernador civil “Don Bruno” sufrió un arresto de 48 horas, algo de lo que no teníamos noticia hasta ahora. Pero en este intercambio epistolar no aparecen más detalles en relación con la destitución.

Pero tenemos otra versión del asunto procedente, nada más y nada menos, que del propio general Queipo de Llano. En el libro “Queipo de Llano, memorias de la guerra civil” (Jorge Fernández-Coppel, ed. La Esfera de los Libros, Madrid, 2008) se recogen unas memorias incompletas del Virrey de Andalucía. En ellas dedica todo un capítulo, titulado “La ineptitud del general Varela” a tratar de desacreditar y denostar al bilaureado general, a quien profesaba una profunda inquina. No podía faltar el asunto de Muñoz Pérez. Según Queipo tuvo “noticias de los dispendios extraordinarios en las comidas, a las que tenía (Varela) siempre invitados, y pronto se me dijo que aquellos gastos los pagaba el alcalde con los fondos de la suscripción nacional. En el acto comisioné a un jefe para que fuese a Córdoba a comprobar el asunto y, como resultase cierto, ordené la destitución del alcalde y la restitución por éste de las cantidades empleadas en tan inmoral concepto. El alcalde abonó aquélla suma importante, unas 25 ó 30 mil pesetas (no recuerdo exactamente la cantidad), y sé que en muchas ocasiones ha pretendido ser indemnizado de ella, lo que creó contrariedades al general Varela”.

Siempre según Queipo las cantidades utilizadas por el alcalde provenían de lo recaudado por el Ayuntamiento para la suscripción antes de que ésta pasase por orden superior a control de la Delegación de Hacienda. Pero ya hemos visto como en sesiones de la Comisión Gestora municipal se aprobaron 10.000 pesetas el 3 de agosto y otras 5.000 el 10 de agosto procedentes del presupuesto municipal y no de lo recaudado para la suscripción. Nos confirma que llamó al auditor Bohórquez y que éste le apoyó en su opinión de que los hechos constituían un delito de malversación de fondos, y que Muñoz Pérez, enterado “del cariz, tan perjudicial para él, que tomaba el asunto” entregó el dinero en la Delegación de Hacienda (ya hemos visto que fue en el Ayuntamiento y eso está documentado en el expediente conservado en el Archivo Varela).

Lo más interesante del relato de Queipo se contiene en el siguiente párrafo: “Harto ya don Ciríaco Cascajo de la politiquilla que en todos los órdenes venía desarrollando el alcalde, mandó a Sevilla a su ayudante, el señor Rodríguez de Austria, para conferenciar conmigo. Inmediatamente ordené la sustitución del alcalde y la instrucción de diligencias. Nombré un juez instructor que fue el comandante de Infantería don Guillermo García Carrasco, muerto después heroicamente al enfrentarse al enemigo”. Nada podemos añadir sobre la veracidad de este aserto.

Y termina Queipo: “Desde entonces no se ha vuelto a saber una palabra sobre las referidas diligencias, que como repetimos quedaron en la auditoría en Sevilla, en poder del señor Bohórquez. Tras mi salida, Salvador Muñoz Pérez hizo gestiones sobre este asunto en Madrid con el ministro del ejército general Varela, su íntimo amigo, devolviéndole el dinero no se sabe con que fondos”. Desde luego, si las diligencias no prosperaron no sería por falta de ganas de Queipo. Pero hay que tener en cuenta que para cuando García Carrasco entregó su informe Varela había tomado Cerro Muriano y Ronda, y había sido llamado por el general Franco para sustituir al teniente coronel Yagüe, “enfermo” por su desacuerdo con la orden de Franco de desviarse a Toledo para socorrer el Alcázar en vez de continuar la marcha rápida hacia Madrid. Varela le entregó el Alcázar a Franco en bandeja de plata, y con él la Jefatura del Estado. Eso le convertía en inalcanzable para el vengativo Virrey de Andalucía.

Sí tenemos otro indicio de que Varela siguió apoyando a Muñoz Pérez. El general, ya ministro del Ejército, visitó Córdoba en mayo de 1940 y en un discurso alabó la primera gestora municipal presidida por Muñoz. Sin embargo, el entonces director de Azul, José Escalera del Real, denunció que estos elogios fueron censurados y no publicados por orden del Delegado de Prensa y Censura, Antonio Sarazá Murcia (“Los inicios del franquismo en Córdoba”, de Francisco López Villatoro, pág. 137). Para que Sarazá censurase a Varela tendría que verse muy respaldado. ¿La larga mano de Queipo?

De momento no han aparecido aquellas diligencias que quedaron en poder del Auditor y que deberían encontrarse en el Tribunal Militar Territorial nº 2 de Sevilla. Pero el Archivo Varela nos aclara suficientemente los verdaderos motivos de la destitución del alcalde Salvador Muñoz Pérez.